martes, 23 de enero de 2007

La calidad institucional, un debate pendiente


La posición más crítica al gobierno reclama hoy por calidad institucional. En los últimos tiempos, este concepto se ha aplicado tanto a la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, a los acreedores externos, a la reforma de la Constitución, a los decretos de necesidad y urgencia, como a la renovación de la Corte Suprema de Justicia, los entes reguladores o a las declaraciones del gobernador o del presidente.

De tanto uso banal, la oposición le escapa a un debate serio.

En definitiva, ¿qué es la calidad institucional?

¿Qué hace que países escandinavos, por ejemplo, sean merecedores del privilegio de estar entre las naciones con mayores niveles de calidad institucional?

¿Tiene que ver con la división de los poderes, con la calidad de redacción de sus normas o con su grado de cumplimiento?

El concepto es eminentemente económico, está relacionado al desarrollo de los países y el debate tiene una tremenda vigencia en el mundo moderno.

Una aproximación

Un primer enfoque establece que la calidad institucional está directamente relacionada a: reglas claras, estables, fácilmente ejecutables y un Poder Judicial efectivo; igualdad en la distribución de la renta y bajos niveles de corrupción.

Las instituciones (el Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo) son un espejo de las sociedades en las que viven.

La calidad institucional de países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Irlanda o Canadá se explica fundamentalmente en el comportamiento cotidiano de sus respectivas sociedades.

Los gobiernos, los funcionarios, las instituciones son un reflejo de su existencia colectiva.

Sus cartas magnas y normas tienen la misma matriz cultural que la nuestra: son democracias liberales que en sus constituciones establecen derechos y obligaciones similares a los nuestros.

El secreto no está en la norma. Tampoco en la división de los poderes.
En el espíritu medio de una sociedad está la raíz de su calidad institucional y no se puede mejorar su funcionamiento sin preocuparnos por las creencias que la gente común tenga sobre ellas.

En ese marco, el prestigio de la clase política es determinante para generar un clima de confianza en las instituciones. En definitiva, son los políticos los que gestionan las instituciones.

Hace tres años economistas del Banco Mundial desarrollaron los “Indicadores Agregados de Gobernabilidad” con la pretensión de establecer parámetros serios sobre cuáles son los factores que determinan la calidad institucional de los países. Con ellos se puede establecer por ejemplo que las teorías de tipo político son más adecuadas que las teorías de tipo cultural a la hora de explicar la mejoría en la calidad institucional de los países.

Con estos ensayos también se constata una evidencia empírica del mundo moderno: el crecimiento económico trae aparejado mejoría en la calidad institucional.

El kirchnerismo introdujo una novedad al escenario político de nuestro tiempo: el respeto a la autoridad presidencial y niveles de adhesión social inéditos están devolviéndole el prestigio a la clase política y eso, es una buena noticia para la calidad institucional de nuestro país.

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